Exdiputado sospechoso de clandestina extracción de Bitcoins en suelo paraguayo, investigación en curso.

Exdiputado paraguayo en el ojo del huracán por sorprendente descubrimiento en su propiedad Máquinas mineras de bitcoin por un valor de 1,5 millones de dólares desenterradas en el sur de Paraguay

En una impactante revelación, 354 equipos de minería de bitcoin fueron desmantelados en una propiedad alquilada por el exdiputado Miguel Cuevas en el departamento de Paraguarí, al sur de Paraguay. El inusual consumo de energía eléctrica despertó las sospechas de los técnicos de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, quienes descubrieron la presunta granja ilegal de criptomonedas.

La Fiscalía allanó el inmueble el 19 de mayo, después de obtener una orden judicial, y encontró una infraestructura valorada en 1,5 millones de dólares, lista para la minería de bitcoin. Las máquinas han sido incautadas y enviadas al depósito del Ministerio Público para su investigación y análisis. El exdiputado Cuevas, quien ya cumple una condena de cinco años por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, podría enfrentar cargos adicionales en relación con esta operación.

La propiedad había sido arrendada por Cuevas a una ciudadana llamada Ramona Peralta, quien ha designado a sus representantes legales. La complejidad del caso aumenta, ya que se desconoce quién es el responsable de la presunta operación ilegal con criptomonedas, el exdiputado o el arrendatario actual. Los abogados de Peralta afirman que no se ha cometido ningún delito, ya que las máquinas no estaban conectadas. Sin embargo, los agentes de policía declaran que los sospechosos tuvieron tiempo de desconectar los aparatos antes de la llegada de la Fiscalía.

El caso se investigará bajo el artículo 173 del Código Penal, que impone una pena de hasta tres años de cárcel o multa por sustracción ilegal de energía. El gobierno paraguayo ha expresado su preocupación por la minería clandestina de criptomonedas, que ha tenido un impacto negativo en la red de distribución y ha generado pérdidas millonarias al Estado. Las autoridades evalúan un proyecto de ley que establece penas de privación de libertad por hasta 10 años para quienes realicen la actividad sin permiso.

Este descubrimiento ha llevado al decomiso de más de 5.000 mineros ASIC en Paraguay desde principios de año, y las acciones judiciales continúan en curso. El gobierno está decidido a perseguir y castigar a quienes operan granjas con energía no permitida, profundizando su cruzada contra la minería ilegal. Este es un caso que definitivamente seguiremos de cerca

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