Inédito en la historia de México La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN ha concedido el primer amparo por desplazamiento forzado interno a una familia de Chihuahua, que desde el 2010 ha sido víctima de crímenes atroces cometidos por un cártel de narcotráfico. Un total de 70 integrantes de la familia, pertenecientes a nueve núcleos familiares, han sido desplazados y obligados a huir de sus hogares en los municipios de Saucillo, Delicias, La Cruz y Chihuahua
La SCJN, por unanimidad, ha avalado el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso conceder la protección a los miembros de esta familia, después de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV omitiera reparar a la familia a pesar de contar con un amplio expediente de hechos victimizantes. Este caso fue investigado por Fiscalías estatales, la Procuraduría General de la República PGR, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, quienes documentaron secuestros, homicidios, robos, amenazas de muerte y cateos ilegales
Los nombres de las víctimas han sido omitidos, ya que las denuncias presentadas involucran a comandantes de corporaciones policiacas estatales que colaboraban con el narco. Entre 2010 y principios de 2013, la familia sufrió múltiples hechos delictivos, incluyendo secuestros, homicidios, robos, amenazas de muerte y cateos ilegales. Tres personas que no eran integrantes de la familia fueron asesinadas por sus vínculos con esta
El ministro Pardo Rebolledo ha propuesto amparar a las víctimas para que, en un plazo no mayor a 45 días, la CEAV emita la resolución sobre diversas medidas a las que se refiere el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, para lograr su reparación integral. Esta resolución deberá incluir inexcusablemente un apartado sobre la compensación y la compensación subsidiaria, según sea el caso, a la que sean acreedores las víctimas
Este caso sin precedentes marca un hito en la historia de México y envía un mensaje claro de que la justicia está del lado de las víctimas y que el desplazamiento forzado interno no quedará impune. La SCJN ha demostrado una vez más su compromiso con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad