Venezuela aprueba legislación más dura: amplía castigos por crímenes de conciencia

Maduro y su gobierno chavista emprenden una cruzada contra la disidencia con nuevas leyes represivas. El presidente venezolano ha propuesto cambios en la Constitución para imponer cadena perpetua a los traidores a la patria y endurecer las sanciones contra la corrupción, en un país donde la pena máxima es de 30 años de cárcel.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, debate dos proyectos de ley que han causado preocupación entre los defensores de derechos humanos. La primera, una ley contra el fascismo, un término utilizado por Maduro para desacreditar a sus opositores, que prevé penas de prisión de hasta 12 años. La segunda, una legislación que pretende regular el financiamiento de las ONG, un blanco frecuente de ataques desde el poder.

Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, describe estas propuestas como intimidatorias en un contexto electoral, y asegura que el gobierno está emprendiendo una campaña de miedo para influir en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Mientras tanto, la oposición denuncia una campaña de acoso y represión, con el arresto de una decena de colaboradores y activistas de derechos humanos. El gobierno asegura que ha desmantelado múltiples conspiraciones para derrocar a Maduro.

La Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares fue propuesta a petición de Maduro y aprobada en primera discusión en el Parlamento. El texto, que aún puede ser modificado, castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan apología al fascismo y plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que inciten al fascismo.

Sin embargo, los críticos argumentan que el gobierno utiliza el término fascismo de manera vaga y arbitraria para silenciar a la oposición. La vicepresidenta Delcy Rodríguez comparó recientemente un eslogan de campaña de la líder opositora María Corina Machado con la Solución Final de Hitler.

La ley para regular las ONG también ha causado preocupación, ya que obliga a las organizaciones a inscribirse en un registro local y declarar sus vías de financiamiento, normalmente extranjero. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 10.000 dólares. Una misión independiente de la ONU ha señalado que esta ley está claramente orientada a limitar el derecho a la asociación.

En resumen, el gobierno de Maduro está emprendiendo una ofensiva legal contra la disidencia, utilizando términos vagos y cargados de connotaciones negativas como fascismo para justificar la represión. Los defensores de derechos humanos y la oposición denuncian una campaña de miedo y acoso, y advierten que estas leyes representan una amenaza para la libertad de expresión y asociación en Venezuela.