El 30 de abril, la organización Provea publicó su informe anual de 2023 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Durante una entrevista en Radio Fe y Alegría Noticias, Oscar Murillo, coordinador general de Provea, destacó la grave situación de los pueblos indígenas del país.
Según Murillo, el modelo económico actual excluye los derechos sociales y ha prolongado la crisis humanitaria compleja en Venezuela, afectando especialmente a comunidades vulnerables como los pueblos indígenas. El Estado ha incumplido sus obligaciones de garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y ha respondido a las demandas de mejores condiciones de vida con represión.
Murillo expresó su preocupación por el empobrecimiento de las comunidades indígenas, que no tienen acceso a una economía respetuosa con sus tradiciones y que les permita vivir con dignidad. En particular, las poblaciones indígenas de Delta Amacuro sufren enfermedades endémicas sin recibir atención médica adecuada.
En el oeste del estado Bolívar, la extracción ilegal de minerales ha llevado a un aumento de la violencia y a la muerte de indígenas que se ven obligados a participar en estas actividades o a huir. Murillo instó al Estado a cumplir con su obligación constitucional de delimitar las tierras indígenas y a aprobar y entregar los títulos de propiedad colectiva a los pueblos y comunidades indígenas.
Además, Murillo pidió un plan de asistencia social específico y diferenciado para atender las necesidades de las comunidades indígenas que sufren hambre y problemas de salud graves. Esto debe ser una prioridad absoluta del Estado y de todos los componentes del Estado, concluyó.
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