Sheinbaum lanza propuesta para asegurar denuncias contra extorsión en CDMX

Uno de los delitos que más afecta a la sociedad y que no ha sido debidamente enfrentado es la extorsión. Este hecho ha sido reconocido por las autoridades federales, quienes como parte de su compromiso con el Estado de derecho y la seguridad pública, han propuesto una iniciativa de reforma constitucional para combatirla.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha presentado una propuesta para modificar el inciso a de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de facultar al Congreso para expedir una legislación general en materia de extorsión.

Esta iniciativa incluye diversos elementos, como una definición clara y amplia del delito de extorsión, la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, el uso de tecnología e informática en la investigación, programas de formación especializada, canales seguros y eficaces de denuncia, medidas de protección integral para víctimas y testigos, y estrategias de prevención desde los centros penitenciarios.

El delito de extorsión se ha diversificado y expandido, afectando no solo a particulares sino también al sector empresarial y al funcionamiento del Estado. De acuerdo con los datos del SESNSP, entre 2022 y enero de 2025 se contabilizaron más de 32 mil víctimas de extorsión en el país, con un aumento del 57.62% respecto a 2018.

Uno de los principales problemas identificados por la iniciativa presidencial es la disparidad normativa entre el ámbito federal y las entidades federativas, lo que impide una política criminal coherente y eficaz. Por ello, se plantea una legislación general que homologue el tipo penal y sus sanciones, y establezca mecanismos de colaboración interinstitucional.

La falta de una legislación general ha derivado en respuestas parciales, ineficaces y desarticuladas, lo cual ha permitido que la delincuencia organizada siga explotando esta modalidad criminal con impunidad. Combatir la extorsión mediante una estrategia articulada, con una legislación adecuada, no es sólo un imperativo legal, sino también un deber ético del Estado mexicano.

Esta propuesta forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que reconocen la extorsión como un delito prioritario. Se espera que la reforma se discuta en el periodo ordinario de septiembre en la Cámara de Diputados.,