EU imputa a Chávez Jr. narcotráfico y a México armas ilegales venta

Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano y hijo del reconocido pugilista del mismo nombre, se encuentra detenido en Los Ángeles, California, debido a una visa de turista vencida y su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República FGR confirmó que en México existe una orden de aprehensión en su contra desde 2023, por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Las autoridades estadounidenses han notificado a la FGR sobre la detención del boxeador, y han iniciado el proceso para su deportación a México, alegando que representa una amenaza grave para la seguridad pública. Chávez Jr. está casado con una ciudadana estadounidense con conexiones al Cártel de Sinaloa, por lo que se le ha denegado la residencia permanente en Estados Unidos.

La detención se produjo dos meses después de que su visa de turista expirara, y luego de que se le negara la residencia permanente al descubrirse múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud. Además, el Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos determinó que el boxeador era una amenaza para la seguridad pública el 17 de diciembre de 2024.

Julio César Chávez Jr. ha mantenido una relación familiar con el entorno de Joaquín El Chapo Guzmán Loera desde que se casó con Frida Muñoz en 2016, quien tiene una hija con Édgar Guzmán López, hijo del exlíder del cártel. La muerte de Édgar en 2008 marcó un hito en la historia de la familia Guzmán y en la dinámica del cártel.

Chávez Jr. ha tenido problemas con la justicia estadounidense en el pasado, incluyendo una condena por conducir bajo los efectos del alcohol en 2012 y una sanción de 900 mil dólares por dar positivo en un control antidopaje por marihuana en 2013. El boxeador ha reconocido abiertamente su adicción a las drogas y al alcohol, afirmando que es lo único de lo que se arrepiente en su vida.

La familia de Julio César Chávez Jr. ha emitido un comunicado afirmando su confianza en su inocencia y en la justicia de México y Estados Unidos. Han pedido garantizar el debido proceso legal y evitar juicios anticipados.,