
Armando García Miragaya, un químico venezolano de 72 años y respetado profesor, se encuentra en el ojo del huracán de una coyuntura geopolítica delicada. El Gobierno de Venezuela lo ha acusado de espiar a favor de los Estados Unidos, lo que lo ha llevado a ser detenido recientemente.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, declaró el martes 1 de julio que García Miragaya es el individuo responsable de proporcionar el respaldo académico a la narrativa que representa a Venezuela como un centro de operaciones para Al Qaeda y otras organizaciones terroristas internacionales, así como para redes de narcotráfico.
García Miragaya posee una amplia experiencia en el ámbito académico y en el sector público, según su perfil de LinkedIn. Trabajó como consultor en Otecven y ha desempeñado cargos importantes, como el de vicepresidente de Planificación y Control en Pdvsa en 2003, y el de secretario general del Movimiento Quinta República, predecesor del actual Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV.
Durante su carrera, ha estado afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS desde el 29 de mayo de 1972 y trabajó anteriormente para el Ministerio de Petróleo hasta el 9 de julio de 1993. Sin embargo, no hay registro de otros patronos posteriores a esta fecha.
El Gobierno venezolano ha acusado a García Miragaya de proporcionar información al FBI, incluyendo detalles sobre supuestas bases de misiles y drones iraníes situados en Venezuela, especialmente cerca del complejo refinador de Amuay en el estado Falcón. Se alega que se encontró un mapa en el teléfono de García Miragaya que marcaba estos puntos como posibles sitios de lanzamiento hacia Estados Unidos, según Cabello.
Además, Cabello afirmó que la exesposa de García Miragaya, Juana Nieves, quien vive en Estados Unidos, lo habría presentado a una intérprete del FBI identificada como Juliana. Después de esto, García Miragaya habría mantenido una comunicación directa con el organismo estadounidense.
Hasta el momento, no se ha escuchado ninguna reacción pública del profesor, su familia o sus abogados, y no hay confirmación independiente de las acusaciones del Gobierno venezolano ni detalles judiciales sobre su situación procesal.,