
En el pasado, los activos digitales incautados por el gobierno eran rápidamente liquidados para obtener dólares. Sin embargo, en la actualidad, se están creando leyes para justificar la acumulación de bitcoin y otras criptomonedas decomisadas, lo que sugiere un cambio de paradigma.
Este fenómeno no se limita a unos pocos casos aislados en Estados Unidos, ya que incluso en España se está trabajando en una ley para monitorear de cerca los activos digitales de sus ciudadanos en el extranjero. La aparente justificación es el control fiscal, pero la puerta que se abre es la de la confiscación para saldar deudas tributarias.
Lo que antes era una simple incautación de activos digitales como evidencia a liquidar, ahora se está convirtiendo en una estrategia de acumulación de tesoros estatégicos. Esta tendencia no solo está presente en Estados Unidos, sino que se está extendiendo a nivel global.
La nueva narrativa se centra en la gestión eficiente de activos decomisados a criminales, pero la estrategia va más allá del decomiso penal. Por ejemplo, en California, el Estado puede apropiarse de bitcoin inactivos en exchanges tras tres años de inactividad. Y no solo eso, sino que incluso se están creando leyes para vigilar exhaustivamente los activos digitales que sus ciudadanos poseen en el extranjero.
El Estado no quiere dólares, quiere bitcoin. Y cada nueva ley es una herramienta diseñada con el único fin de asegurar que, cuando el Estado necesite atesorar bitcoin, tenga una razón perfectamente legal para tomarlo en lugar de comprarlo. Este fenómeno no es nuevo, pero la estrategia sí lo es. El Estado ha venido confiscando bitcoin desde hace años sin necesidad de estas leyes.
La diferencia fundamental con lo que sucede ahora es que, en lugar de subastar esos fondos lo más rápido posible, el Estado quiere atesorarlo. La nueva mentalidad del Estado es clara: quiere bitcoin, no dólares. Y las nuevas leyes están diseñadas para dar un marco legal a esta acumulación, no tanto para proteger al ciudadano, sino para legitimar la acumulación estatal.
Decomisar, atesorar y legitimar, ese es el plan del Estado. Y cada nueva ley relacionada con bitcoin sienta un precedente peligroso y revelador, ya que transforma el decomiso en una política de acumulación estratégica. La pregunta clave no debería ser cómo protegerá a los habitantes de esas regiones, sino más bien cómo se está preparando el gobierno para confiscar y atesorar este activo, según sus propios intereses.,