Autoridades observan criptomonedas mientras conflictos atraen atención global

La Orden Ejecutiva 6102 de 1933, que autorizó al Gobierno de los EE. UU. a confiscar el oro de sus ciudadanos, establece un precedente para un posible robo digital actual. Actualmente, se está llevando a cabo un plan de varias fases para controlar los criptoactivos. En primer lugar, se establece vigilancia y, posteriormente, podría prohibirse la autocustodia de Bitcoin BTC.

La confiscación de riqueza durante los conflictos globales no es un fenómeno nuevo. En el año 1933, el presidente de los EE. UU., Franklin D. Roosevelt, obligó a los ciudadanos estadounidenses a entregar su oro a cambio de dólares devaluados, con el objetivo de estabilizar la economía durante la Gran Depresión. Otros países, como Australia y el Reino Unido, adoptaron medidas similares en 1934 y 1966, respectivamente. Más recientemente, en 2013, Chipre confiscó una parte significativa de los depósitos bancarios superiores a 100.000 euros para rescatar su sistema financiero.

Hoy en día, los gobiernos han puesto su atención en Bitcoin, debido a su descentralización y escasez programada. Existen casos como Chipre, en los que los gobiernos han demostrado su interés en el decomiso de criptoactivos.

Actualmente, el sistema financiero global lucha contra una deuda pública insostenible de 315 billones de dólares, y bitcoin ofrece a los ciudadanos una alternativa para proteger su riqueza. La naturaleza descentralizada de BTC y su límite de 21 millones de monedas lo convierten en un desafío al control monetario estatal. Además, bitcoin ha experimentado un creciente interés por parte de los ciudadanos, lo que ha llevado a los gobiernos a considerarlo una amenaza para su poder.

Las autoridades reguladoras de diversos países han empezado a implementar medidas para permitir la confiscación de bitcoin. Estas acciones de los gobiernos pueden ser vistas como un guion en tres etapas:

1. Regulación: Impulsar regulaciones para mapear quién es dueño de los bitcoins y otras criptomonedas, lo que facilitaría la confiscación. Además, establecer impuestos y procedimientos confiscatorios que hagan inviable el uso de Bitcoin.
2. Control tecnológico: Prohibir la autocustodia, obligando a los ciudadanos a mantener sus activos en exchanges centralizados y regulados. Esto convertiría los fondos en BTC en un apunte contable que dependería del Estado.
3. Confiscación: Declarar una emergencia nacional y prohibir la posesión privada de Bitcoin durante una crisis generada o acelerada por la guerra. Los ciudadanos estarían obligados a entregar sus bitcoins a cambio de dinero devaluado del Estado.

Es importante tener en cuenta que la vigilancia y la confiscación de riqueza durante los conflictos globales no son nuevos conceptos. En este contexto, es crucial proteger los propios bitcoins, optando por la autocustodia y garantizando la privacidad en las transacciones. La historia ha demostrado que los gobiernos pueden establecer normas que confisquen activos descentralizados como bitcoin bajo el pretexto de financiar la defensa o estabilizar la economía.

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