
El 25 de mayo se llevaron a cabo elecciones, en las cuales el Consejo Nacional Electoral CNE brindó una hora adicional a los votantes para ejercer su derecho al voto. No obstante, la ONG Acceso a la Justicia ha destacado la ocurrencia de irregularidades previas a las elecciones municipales venideras, programadas para el 27 de julio. Estas prácticas, según la organización, infringen principios básicos de la normativa electoral del país.
Entre las irregularidades mencionadas por Acceso a la Justicia se encuentran la falta de información sobre los candidatos, la reducción de los plazos de campaña, el cierre repentino del registro electoral y la exclusión de líderes de la oposición mediante prohibiciones impuestas por la Contraloría General de la República CGR y confirmadas por el Tribunal Supremo de Justicia TSJ.
La ONG ha señalado que estas acciones restringen el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, afectando su confianza en el sistema electoral y posiblemente disminuyendo la participación ciudadana. Además, Acceso a la Justicia ha criticado la decisión del CNE de adelantar las elecciones sin una justificación institucional, ya que los funcionarios en ejercicio tienen mandato hasta noviembre de 2025.
La organización también ha señalado que la convocatoria electoral se realizó con solo 53 días de anticipación, en violación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales LOPRE, que exige un mínimo de seis meses de preparación. Otras irregularidades denunciadas incluyen el cierre del registro electoral el mismo día del anuncio de las elecciones, lo que impidió que nuevos votantes o ciudadanos que regresaron al país pudieran inscribirse o actualizar sus datos, y la difusión irregular del cronograma electoral a través de redes sociales y canales no oficiales.
Acceso a la Justicia ha manifestado su preocupación por la inhabilitación de alcaldes opositores en los estados de Trujillo, Nueva Esparta y Táchira, quienes estarían impedidos de postularse a la reelección. Por otra parte, el partido opositor Movimiento Por Venezuela MPV informó que no podrá participar en estas elecciones, alegando que se les impidió registrar candidaturas, tal como ocurrió en las elecciones de mayo.
En resumen, Acceso a la Justicia ha denunciado una serie de irregularidades en el proceso electoral venezolano, incluyendo la falta de información sobre los candidatos, la reducción de los plazos de campaña, el cierre repentino del registro electoral, la exclusión de líderes de la oposición, la adelantamiento de las elecciones sin una justificación institucional y la violación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La organización también ha expresado su preocupación por la inhabilitación de alcaldes opositores y la imposibilidad del partido Movimiento Por Venezuela de participar en las elecciones.,