Contrafaltamiento de combustible: cómo el narcotráfico se enriqueció

El robo de combustible y su comercio ilegal, también conocido como huachicoleo, es actualmente el segundo negocio más lucrativo para los grupos criminales organizados en México, después del tráfico de drogas, según una investigación reciente de la Red de Control de Delitos Financieros FinCEN de los Estados Unidos. Aunque estas estructuras delictivas no siempre han estado directamente involucradas en el robo de hidrocarburos, han aprovechado durante décadas la infraestructura de la industria petrolera mexicana para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

El huachicoleo se ha convertido en una fuente de ingresos significativa para los cárteles, a medida que han ido ampliando su red de extracción y venta. Inicialmente, los grupos criminales escondían drogas en pipas de combustible para transportarlas a los Estados Unidos. Sin embargo, eventualmente se dieron cuenta del potencial de ganancias en el comercio de combustible y comenzaron a coordinar una extensa red de robo y venta que ha llegado a territorios como Japón e India.

Los cárteles se han aprovechado de la laxa regulación que existía en el pasado y de la infraestructura de la industria petrolera mexicana para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Hasta la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos publicada en 2016, el robo de combustible se sancionaba con una pena de prisión de tres a diez años. Sin embargo, la ley actual, modificada por última vez en 2021, establece una pena de entre 20 y 30 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas o permisionarios.

Los cárteles obtienen el petróleo crudo mediante sobornos a empleados corruptos de Pemex y autoridades locales, perforaciones en los ductos, robos en las refinerías y amenazas al personal de Pemex. Una vez que el crudo robado llega a manos de las empresas cómplices en los Estados Unidos, éstas lo venden con grandes descuentos a terceros en el país vecino. Posteriormente, el recurso líquido se envía a otras compañías petroleras y de gas natural en otros territorios estadounidenses, así como en Japón, India y África, la mayoría de las cuales desconocen el origen de estos hidrocarburos.

Las investigaciones de la FinCEN revelan que los importadores estadounidenses reciben los pagos por la venta del crudo robado a través de transferencias electrónicas desde cuentas locales y foráneas. Posteriormente, los importadores envían las ganancias a las cuentas de empresas estadounidenses y mexicanas controladas por los intermediarios mexicanos, quienes le pagan posteriormente a los cárteles su tajada correspondiente.

Aunque no existe un censo que permita conocer la cifra total de dinero que son capaces de obtener los cárteles mexicanos mediante estos esquemas, se estima que las ganancias son millonarias. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve personas y 26 empresas vinculadas a una red de robo de combustible dirigida por el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. La organización ha sido capaz de producir decenas de millones de dólares anuales, según el reporte oficial de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros OFAC.,