La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados comenzó a discutir las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial el pasado domingo 13 de octubre, con el objetivo de regular la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. El Senado había remitido previamente los proyectos de modificaciones y adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el viernes 11 de octubre.
Sin embargo, la diputada Lenia Batres Policía ha señalado que el Poder Judicial tiene defectos estructurales que facilitan la corrupción. A pesar de esto, se espera que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados aprueben las reformas hoy en la comisión dictaminadora y mañana en el pleno.
El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, ha criticado la prisa del bloque oficialista en aprobar las leyes secundarias y ha advertido sobre el riesgo de una crisis constitucional debido a las deficiencias en los proyectos propuestos. Moreira ha anunciado que la fracción del tricolor votará en contra de la legislación secundaria de la reforma judicial y ha reprochado la falta de corrección de las contradicciones constitucionales y hasta la sintaxis de las iniciativas por parte de Morena.
Por su parte, la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, ha acusado cuatro traiciones que habrían allanado el camino a la reforma judicial, incluyendo ataques contra el Poder Judicial y el uso indebido de recursos públicos durante las elecciones. La legisladora ha criticado un sorteo celebrado por Morena y aliados para nombrar magistrados y jueces, el cual considera que destruye la justicia mexicana y socava la institucionalidad y el trabajo de los juzgadores.
En resumen, la reforma al Poder Judicial en México está generando controversia y preocupación debido a las prisas en su aprobación y las posibles deficiencias en los proyectos propuestos. Existen denuncias de corrupción y traiciones que habrían facilitado su camino, y se advierte sobre el riesgo de una crisis constitucional y la destrucción de la justicia mexicana.,