Bildu y Gobierno acuerdan eliminar balas de goma y expulsiones inmediatas en medio año

El partido político Bildu ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de coalición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza. El objetivo es poner fin al uso de balas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, eliminar la discrecionalidad en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, y presentar una reforma de la Ley de Extranjería en un plazo de seis meses para terminar con las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha destacado que esta reforma supone el cumplimiento de los acuerdos y avances logrados en la anterior legislatura entre PSOE, PNV y Unidas Podemos, pero que no contaron con el apoyo de Bildu y ERC porque los consideraban insuficientes. Aizpurua se ha congratulado de que ahora hayan podido acordar con PSOE y Sumar los asuntos que entonces quedaron pendientes.

En cuanto a las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, la futura ley pondrá fin a la discrecionalidad que existe en su imposición y establecerá que deben ser objetivables y justificadas. Sólo podrán sancionarse los insultos o injurias que no sean delito, siempre que sean expresiones relevantes y no la mera negativa a cumplir una orden legal. Además, las sanciones por faltas de respeto se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de infracción grave a leve.

En relación al uso de material antidisturbios, el pacto incluye la sustitución progresiva de las balas de goma por otros medios menos lesivos. Se ha acordado desarrollar protocolos específicos sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables.

Por último, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se incluirá una nueva disposición adicional en la Ley de Extranjería para garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional. Toda persona que esté en territorio español antes de una posible expulsión deberá pasar por los puntos habilitados en frontera para analizar y evaluar si se trata de un posible solicitante de asilo.,