El Gobierno central ha informado al Grupo de Sumar del Congreso de los Diputados que existen investigaciones en curso relacionadas con el desalojo de estudiantes que ocuparon pacíficamente el Decanato de la Facultad de Filología en la Universidad de Sevilla en junio pasado. La acción policial se llevó a cabo después de que el rector de la universidad solicitara el desalojo, siguiendo una solicitud previa a la Subdelegación del Gobierno.
El incidente comenzó cuando un grupo de estudiantes ocupó el Decanato de Filología en protesta por la ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza, y se negaron a abandonar el edificio. Los estudiantes también habían tenido un enfrentamiento previo en la cafetería del recinto, donde se negaron a abandonar las instalaciones de la cocina reservadas para el personal.
El rector, Miguel Ángel Castro, argumentó que los estudiantes habían cometido una actitud inaceptable y que su acción había causado indignación entre la comunidad universitaria y dificultades para el desarrollo de las actividades académicas. Además, calificó la ocupación del Decanato como un asalto y acusó a los estudiantes de agredir a un miembro del personal de la universidad. Sin embargo, los estudiantes negaron haber cometido tal acción y afirmaron haber sido víctimas de agresiones por parte de los vigilantes de seguridad y la policía.
Tras el desalojo, un grupo de estudiantes, profesores y activistas se concentraron frente al Rectorado, exigiendo la renuncia de Castro y acusándolo de actuar con violencia y forzar el desalojo policial. El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, defendió la acción policial como correcta y proporcionada, destacando que no hubo resistencia ni heridos.
En resumen, el Gobierno central ha confirmado que existen investigaciones en curso sobre el desalojo de estudiantes que ocuparon pacíficamente el Decanato de la Facultad de Filología en la Universidad de Sevilla en junio pasado. El incidente comenzó cuando un grupo de estudiantes ocupó el edificio en protesta por la ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza y se negaron a abandonar el recinto. El rector argumentó que la acción de los estudiantes causó indignación entre la comunidad universitaria y dificultades para el desarrollo de las actividades académicas, mientras que los estudiantes negaron haber cometido agresiones y afirmaron haber sido víctimas de agresiones por parte de los vigilantes de seguridad y la policía. Tras el desalojo, un grupo de estudiantes, profesores y activistas se concentraron frente al Rectorado, exigiendo la renuncia de Castro y acusándolo de actuar con violencia y forzar el desalojo policial. El delegado del Gobierno central en Andalucía defendió la acción policial como correcta y proporcionada, destacando que no hubo resistencia ni heridos.,