España endurece leyes para incautar criptoactivos a morosos fiscales

España está adaptando su marco legal a la nueva directiva europea DAC8, la cual regula el intercambio de información fiscal en transacciones de criptomonedas. El Consejo de Ministros español ha aprobado un anteproyecto de ley que modificará la Ley General Tributaria y su Reglamento General, adecuándolos a la normativa europea.

La nueva ley, que entrará en vigor en enero de 2026 en la Unión Europea, impondrá obligaciones informativas a exchanges, proveedores de wallets, brókeres y otras empresas de criptomonedas sobre los datos de sus clientes. Esto con el fin de prevenir la evasión fiscal y mejorar la transparencia en el comercio de criptomonedas.

El anteproyecto de ley también plantea la inclusión expresa de las criptomonedas entre los bienes susceptibles de sufrir embargos, junto a los bienes y derechos situados en entidades de pago y de dinero electrónico. Esta medida refuerza la embargabilidad de los criptoactivos y asegura que los proveedores de servicios no puedan negarse a colaborar con las autoridades fiscales.

Es importante destacar que esta nueva ley solo aplicará a los criptoactivos depositados en exchanges centralizados, ya que los activos en autocustodia seguirán siendo inembargables debido a que no pueden ejecutarse limitaciones a su propiedad.

La DAC8 fue aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2023 y tiene como objetivo restringir el anonimato en las transacciones con criptomonedas y evitar que los usuarios eludan a las autoridades tributarias. Los países del bloque europeo tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuar sus normativas y reglamentos internos a lo establecido por la regulación.

En resumen, España está adaptando su marco legal a la nueva directiva europea DAC8, la cual regula el intercambio de información fiscal en transacciones de criptomonedas. La nueva ley impondrá obligaciones informativas a exchanges y proveedores de servicios de criptomonedas y reforzará la embargabilidad de los criptoactivos. Los países de la UE tienen hasta finales de 2025 para adecuar sus normativas internas a la nueva regulación.,