Durante el gobierno de López Obrador, Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la violencia en México, con el mayor número de homicidios dolosos y una alarmante tasa de personas desaparecidas. Según un estudio realizado por el académico Fabrizio Lorusso, la cifra de personas desaparecidas en el estado se ha multiplicado casi siete veces, pasando de 621 en abril de 2018 a 4.272 en junio de 2024, sin contar la cifra negra de quienes no denuncian.
La violencia homicida se ha acompañado de un aumento aún más pronunciado en las desapariciones y el descubrimiento de fosas clandestinas. El 85% de las personas desaparecidas son hombres y el 95% son mayores de 18 años. Los municipios con el mayor número de personas desaparecidas son Celaya, Irapuato, León, Villagrán y Pénjamo.
Además, la tasa de personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes en Guanajuato es de 65,1, lo que significa que 65 de cada 100.000 habitantes del estado están desaparecidos. Los municipios de Celaya, Irapuato y Salamanca tienen las tasas más altas de desapariciones.
El informe también destaca que entre enero de 2009 y el 30 de junio de 2024, se registraron en Guanajuato al menos 660 fosas clandestinas, donde fueron exhumados 1.245 cuerpos o restos humanos individualizados. Los primeros 10 municipios con el mayor número de cuerpos y fosas clandestinas se distribuyen a lo largo del corredor industrial y incluyen tanto ciudades grandes como localidades pequeñas.
La falta de respuesta institucional a la violencia y el aumento de las desapariciones han llevado a la formación de 25 colectivos de búsqueda, que agrupan a más de un millar de familias. Sin embargo, estos colectivos también han sido objeto de agresiones directas, con al menos nueve personas buscadoras asesinadas y una desaparecida entre 2018 y 2024.
El investigador Lorusso recomienda a las autoridades crear y publicar urgentemente registros estatales de personas desaparecidas y no localizadas, de personas fallecidas y no identificadas, de fosas comunes y fosas clandestinas y un banco estatal de datos forenses. También recomienda reformar la Ley de Búsqueda y la Constitución estatal para crear un Instituto Guanajuatense de Ciencias Forenses y dar autonomía a los servicios periciales.