La industria del petróleo y gas en Colombia, a través de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas ACP, ha hecho un llamado al respeto de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a la protección de la población civil y los recursos naturales en el departamento de Arauca. Esta región ha sido víctima de actos violentos cometidos por grupos armados ilegales que han cobrado la vida de líderes sociales, han puesto en peligro la integridad de las comunidades y han afectado el medio ambiente.
La ACP ha condenado enérgicamente los ataques perpetrados en Arauca, los cuales han tenido un impacto negativo en la seguridad energética del país. Desde el inicio del año, se han registrado cuatro asesinatos de líderes sociales, ocho atentados contra oleoductos y un ataque a un Comando de Acción Inmediata CAI de la Policía. Estos hechos representan una clara violación de los derechos humanos y constituyen una amenaza para la seguridad y el bienestar de la población local.
La ACP ha expresado sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y ha mostrado su solidaridad con las comunidades y autoridades que se enfrentan a esta difícil situación. La asociación ha subrayado la importancia de fortalecer la presencia institucional y el trabajo articulado de las autoridades competentes en la región, así como la necesidad de adoptar medidas para proteger a la población civil y garantizar todos sus derechos.
La ACP también ha destacado la importancia de la industria energética en Arauca, donde se produce el 7,4 % de la producción total de petróleo del país. Los ataques contra la infraestructura energética afectan la prestación de servicios públicos esenciales y el abastecimiento del país, lo que pone en riesgo la seguridad energética de todos los colombianos.
La ACP se une al llamado de los araucanos para trabajar por la paz, el cuidado de la vida, el bienestar de las comunidades, la preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la región. La industria del petróleo y gas reitera su rechazo a cualquier acto que comprometa y afecte los derechos de todos los colombianos.