Mientras que miembros del Poder Judicial de la Federación se manifestaban en contra de la reforma judicial, en la Cámara de Diputados se aprobaba dicha reforma, junto con la inclusión de una nueva figura: los jueces sin rostro. Esta figura, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, durante la sesión del lunes 26 de agosto.
Los jueces sin rostro son parte de un sistema de justicia que busca proteger la identidad de los jueces que juzgan delitos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, con el fin de garantizar su seguridad. Este sistema tiene su origen en Italia, donde las mafias obligaron a los juzgadores a mantener en privado su identidad. Posteriormente, se ha aplicado en países como Colombia, Perú y Brasil.
La reforma judicial mexicana, propuesta desde febrero de este año, incluye la figura de los jueces sin rostro desde el 20 de agosto. Esta figura implica que el órgano de administración judicial puede tomar medidas para preservar la seguridad e identidad de los jueces en casos de delincuencia organizada. Sin embargo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que esta medida puede impedir conocer la identidad del juez y valorar su idoneidad y competencia, lo que podría vulnerar el derecho a un juicio justo.
La aprobación de los jueces sin rostro ha generado polémica en México, con opiniones divididas entre quienes consideran que esta figura es inconstitucional y contraria a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, y quienes consideran que es necesaria para proteger a los jueces de amenazas y violencia. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ha advertido que esta figura puede generar incertidumbre sobre la identidad del juzgador y dificultar la defensa de los imputados.
En resumen, la aprobación de los jueces sin rostro en México forma parte de una reforma judicial que busca proteger a los jueces en casos de delincuencia organizada. Sin embargo, esta figura ha generado polémica y debate sobre su constitucionalidad y efectividad en la impartición de justicia.