Han pasado 14 años desde la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y aún no hay justicia. La Fiscalía General de la República FGR informó recientemente los detalles de las 11 armas de alto calibre decomisadas en el lugar de los hechos, pero se desconoce el origen de la mayoría de ellas.
Entre las armas confiscadas, se encuentra el fusil HK91 de fabricación alemana, el cual generó un escándalo internacional hace tres años cuando el Tribunal Superior Federal de Alemania impuso una multa de 3 millones de euros a la empresa Heckler y Koch HK por violar la ley de control de armas de guerra. Algunas de estas armas han aparecido en escenas de crímenes cometidos durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
La FGR indicó que a los migrantes se les quitó la vida con armas de fuego calibre 9 milímetros y calibre .223, pero desconoce la marca del arma utilizada. Además, se desconoce cómo Los Zetas, el grupo criminal responsable de la masacre, obtuvo estas armas.
En abril de 2011, se encontraron los cuerpos de 196 personas migrantes en fosas de San Fernando. La FGR informó que se aseguraron 14 armas, 3 mil 157 cartuchos y 147 cargadores de distintos calibres en el lugar, pero no se sabe su origen.
La FGR es la única instancia del gobierno mexicano con facultad para rastrear las armas involucradas en un delito en el territorio nacional. Sin embargo, no cuenta con datos suficientes para determinar si las armas utilizadas en las masacres de San Fernando estuvieron involucradas en los delitos cometidos por policías municipales, estatales o efectivos militares.
La falta de investigación y justicia en este caso es una muestra de impunidad en México. Después de 14 años, aún no hay sentencia por el delito de homicidio ni una indagatoria por el delito de tráfico de armas. La FGR debe abrir una línea de investigación para ubicar el origen de las armas halladas en las escenas del crimen y así ayudar en la investigación de los homicidios.