Una revista nacional ha reportado una acusación presentada por Claribel Vallejo, abogada de la empresa Trollanos, contra el departamento de Casanare en la Fiscalía General de la Nación. La demanda se refiere a un contrato de 49.000 millones de pesos para el servicio de transporte escolar en el departamento, el cual se cree que tiene irregularidades.
Vallejo, quien participó en la licitación, afirma que el proceso de selección no fue justo y equitativo, lo que podría afectar la movilidad de los estudiantes en al menos 18 municipios de Casanare. Además, en la denuncia se menciona a Karen Santafé, jefa de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Casanare, y a otros miembros del comité evaluador, Javier Colina y Libia Fernández, como posibles responsables de las supuestas anomalías.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, ha respondido a la noticia y ha declarado que el proceso contractual se llevó a cabo con transparencia y objetividad. Sin embargo, reconoce que siempre habrá inconformidad por parte de algunos oferentes cuando no resultan ganadores.
Es importante mencionar que el programa de alimentación escolar PAE de Casanare, que también había sido objeto de críticas en el pasado, ha sido reconocido como una buena práctica de gestión social a nivel nacional por la UAPA Unidad de Alimentos Para Aprender. Además, la Contraloría Departamental ha emitido un pronunciamiento favorable sobre el tema. El gobernador Ortiz Zorro ha prometido dar una respuesta detallada y fundamentada a las autoridades y a quienes lo soliciten.