Los tribunales federales en el Estado de México han cesado sus operaciones como resultado de una huelga nacional en oposición a la propuesta de Reforma Judicial presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Esta medida se debe al descontento de jueces y magistrados federales, quienes exigen un diálogo sincero y efectivo con el fin de poner fin a la suspensión de actividades que, en última instancia, perjudica a la ciudadanía. A pesar de ello, los casos urgentes siguen siendo atendidos.
El paro comenzó el lunes 19 de agosto, cuando los inmuebles del Poder Judicial Federal PJF en el Estado de México, especialmente en la capital mexiquense, cerraron sus puertas en solidaridad con sus colegas en todo el país que también se oponen a la reforma. Posteriormente, a las 10:30 horas, los jueces y magistrados convocaron a una reunión en las oficinas centrales de la delegación de San Lorenzo Tepatitlán, con el objetivo de manifestar su postura y el respaldo de Mauricio Torres Martínez, director general de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales en el Estado de México.
Torres Martínez declaró que respeta y apoya la decisión de los trabajadores del PJF en el Estado de México, la cual se debe a la falta de disposición del Ejecutivo y Legislativo para entablar un diálogo objetivo y constructivo. Además, criticó los foros organizados por el poder legislativo, afirmando que su enfoque equivocado no aborda adecuadamente los problemas de justicia existentes.
El magistrado Humberto Venancio Pineda reconoció el esfuerzo de sus colegas y subrayó que la lucha no solo busca defender al PJF, sino también a la Constitución. Pineda advirtió que las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo podrían atentar contra los principios de la Constitución y el equilibrio de poderes, y exigió un diálogo honesto y propuestas claras para abordar las áreas de oportunidad en el sistema de justicia.
El paro continuará hasta que haya un acercamiento real y una apertura al diálogo por parte de los encargados de la Reforma Constitucional, sin imposiciones ideológicas. Los jueces y magistrados están dispuestos a colaborar en la mejora del sistema de justicia, pero insisten en que este proceso debe llevarse a cabo de manera justa y equilibrada.