La justicia de la provincia de Salta está investigando la supuesta venta de una recién nacida a Bolivia. La madre de la bebé, junto con dos hermanos, fueron detenidos y acusados de supresión de estado civil. Sin embargo, la madre fue posteriormente liberada. La fiscal interina de la Sede Descentralizada de Orán, María del Carmen Núñez, y el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, están a cargo del caso.
Todo comenzó con la denuncia de la gerente de Atención de las Personas del hospital San Vicente de Paul de la ciudad, Karina Segovia, quien informó que una bebé que había dado a luz en el hospital había desaparecido. La madre y la bebé habían sido dadas de alta, pero se instruyó a un agente sanitario para que visitara a la mujer y verificara el estado de la operación y de la niña. Cuando la enfermera visitó la casa de la mujer, esta le dijo que la bebé seguía en el hospital, pero cuando la enfermera verificó la información, se descubrió que la bebé no estaba allí.
La policía de Salta está investigando el caso y se estableció que la madre había registrado una segunda dirección en su egreso del hospital. Los efectivos fueron a la casa, ubicada en el barrio 30 Viviendas de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, donde vive uno de los hermanos implicados, pero no pudieron encontrar a nadie.
Recién el sábado, la policía pudo dar con el hombre, quien se puso en contacto con su hermana, la tercera imputada en la causa, y quien ya se encontraba en la ciudad boliviana de Bermejo. La mujer se presentó en la comisaría de Aguas Blancas y entregó a la bebé. La pequeña fue revisada por personal de salud y se determinó que se encontraba en buen estado. La bebé quedó bajo la tutela de la Secretaría de la Niñez de la jurisdicción.
Los acusados fueron detenidos y declararon que la madre conocía al hombre porque era un amigo de su padre fallecido y que antes de dar a luz, la madre fue a visitarla porque su propia madre la había amenazado, ya que no quería otro niño en la casa. El hermano le pidió a su hermana que se hiciera cargo de la pequeña. Los dos hermanos insistieron en que actuaron de buena fe y que su intención era realizar el trámite legal para obtener la adopción de la recién nacida.
La fiscal Núñez solicitó el secuestro y pericia de los celulares de los tres sospechosos y la prisión preventiva para los hermanos por el riesgo de fuga al estar cerca de la frontera. También solicitó la restricción de acercamiento para la madre. El juez destacó la necesidad de investigar a fondo el hecho y sostuvo que podría tratarse de una red internacional de trata. Por lo tanto, ordenó la medida de coerción más grave.