Un juez federal ha pospuesto la audiencia en la que el comisionado del Instituto Nacional de Migración INM, Francisco Garduño, solicitaba la suspensión condicional del proceso en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. El incendio causó la muerte de 40 personas y dejó 27 más heridas.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Víctor Manlio Hernández Calderón, consideró que la audiencia no podía llevarse a cabo mientras estuvieran pendientes de resolverse diversos recursos de amparo presentados por la defensa y las víctimas. Alrededor de 20 víctimas asistieron a la audiencia de manera remota, pero esta fue cancelada por la falta de resolución en los recursos.
Uno de los recursos pendientes es un amparo de las víctimas contra el auto de vinculación a proceso contra Francisco Garduño, ya que consideran que el Ministerio Público Federal tenía elementos para imputarle otros delitos, como homicidio y lesiones. Además, se está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si atrae el caso para garantizar una representación legal efectiva de los migrantes en México.
Marcos Zavala, abogado de las organizaciones civiles que apoyan a las víctimas, señaló que se tienen que resolver todos los recursos antes de solicitar soluciones alternas a la justicia. Las víctimas han presentado amparos contra las omisiones y actos de autoridades mexicanas, como la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y jueces de control, por no garantizar la presencia y escucha de las víctimas.
La audiencia de Francisco Garduño no fue negada, sino pospuesta hasta que se resuelvan los amparos y la Suprema Corte decida sobre la facultad de atracción del caso. Las organizaciones de la sociedad civil han acusado que la solicitud de suspensión condicional del procedimiento por parte de Garduño busca detener las investigaciones en su contra y extinguir la acción penal.
En un posicionamiento público, 74 organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos han llamado a las autoridades a no permitir la impunidad por los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Han exigido que la Fiscalía General de la República termine el proceso de investigación y lleve a cabo un juicio justo para las víctimas.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han asumido la representación legal de las familias de los afectados por el incendio y han hecho llamados a distintas instituciones públicas a no permitir la impunidad de la que goza Francisco Garduño y el INM. Después de 16 meses de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, las personas procesadas son mandos medios y bajos, así como dos migrantes, mientras que Antonio Molina, ex coordinador de Control y Verificación Migratoria, se encuentra prófugo.