El 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, donde Nicolás Maduro Moros resultó ganador con más del 80% de los votos escrutados. A diferencia de otros procesos electorales que tuvieron lugar en diversos países, como El Salvador, Finlandia, Rusia, Eslovaquia, Senegal, México, República Islámica de Irán, Reino Unido, y la Unión Europea, los comicios venezolanos obtuvieron una atención excepcional.
Es relevante cuestionarse por qué los intentos para desestabilizar el proceso político y popular en Venezuela han sido constantes y destacados en los medios, mientras que otros eventos electorales no recibieron la misma cobertura. Un ejemplo similar ocurrió en Bolivia en octubre de 2019, donde el entonces presidente Evo Morales obtuvo una victoria holgada frente a Carlos Mesa, pero sectores de la derecha boliviana y potencias extranjeras sembraron dudas sobre la transparencia del proceso electoral sin presentar pruebas.
Esta matriz de opinión, basada en especulaciones, se fortaleció con un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos OEA, lo que llevó a la confirmación de un golpe de Estado, la creación de un gobierno de facto dirigido por Jeanine Añez, y una fuerte represión que causó centenares de víctimas. Las verdaderas motivaciones internacionales en el caso boliviano fueron las reservas de litio del país y la ofensiva contra el gobierno popular de Evo Morales, quien abogaba por un desarrollo independiente en América Latina.
En el caso venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, ha sido objeto de diversas formas de violencia por parte de la mal llamada Comunidad Internacional, incluyendo medidas coercitivas que han dañado económicamente al país y restringido su desarrollo político y social. Sin embargo, las elecciones recientes en Venezuela confirmaron nuevamente el fracaso del asedio contra este país.
Ante esta situación, se está intentando favorecer un clima golpista en nombre de la democracia, al igual que ocurrió en Bolivia, con declaraciones políticas de desconocimiento al proceso electoral, comunicados ambiguos, e incluso propuestas de gobiernos de facto. Es evidente que la preocupación democrática de la comunidad internacional no es más que una estrategia de injerencia política con fines determinados, ya que no exigen garantías democráticas en otros países donde no se respetan los procesos electorales.