Empresa venezolana bajo sanciones estadounidenses gestiona sistema de votación en el país.

La empresa tecnológica portuguesa, ExClé S.A., ha estado proporcionando la plataforma de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2017, después de que Smartmatic se retirara al declarar que los resultados de la elección de la constituyente presidencial no coincidían con sus datos. ExClé S.A., con sede en Buenos Aires, Argentina, ha estado presente en América Latina desde 1998 y ha trabajado en proyectos importantes de biometría en Venezuela, como el sistema de recaudación de impuestos de la Alcaldía Libertador en 2009 y la validación de la identidad de los 19 millones de electores habilitados para las elecciones presidenciales de 2012.

Sin embargo, en 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a ExClé S.A. y a su director y fundador, Guillermo Carlos San Agustín, por apoyar al gobierno de Maduro en la realización de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020. La OFAC explicó que la empresa argentina proporcionó bienes y servicios que el régimen de Maduro utilizó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias.

Recientemente, Exclé asumió el manejo del sistema informático del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería -Saime- en 2022, luego de que ocurrieran situaciones irregulares con la compañía anterior. Sin embargo, este cambio causó molestia en la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas, que tenía la concesión desde que Hugo Chávez la contrató en 2011, y también habría causado escozor en algunos funcionarios que, presuntamente, tenían un negocio redondo en la institución.

Además, la Comisión Especial de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en 2015, elaboró un informe en el que acusó a ExClé S.A. de coadyuvar, desde 2004, procesos electorales fraudulentos en Venezuela, a través de la técnica Biométrica. El diputado Palacios, coordinador de la Comisión Especial, presentó el informe preliminar en 2021 sobre los hechos irregulares cometidos por funcionarios públicos que contrataron empresas y adquirieron máquinas con fines electorales sin cumplir con los requisitos legales. Se ha constatado que estas operaciones han producido un daño institucional en el país al permitir, que, por la vía electoral, se instaure un régimen dictatorial en donde se han realizado simulacros de elecciones para designar organismos en forma irregular.