Tribunal de Barcelona desestima examen contra agente encubierto acusado por 8 activistas

La Audiencia de Barcelona ha rechazado los recursos contra la falta de admisión de una querella presentada por ocho mujeres contra un policía infiltrado en movimientos sociales del barrio de Sant Andreu en Barcelona. Las mujeres acusaban al agente de delitos como agresión sexual, lesiones contra la integridad moral, torturas, descubrimiento y revelación de secretos, y ejercicio de derechos cívicos.

La Sección 5 de la Audiencia argumenta que no hay pruebas de que las relaciones sexuales se produjeran debido al apoyo del Estado o la condición de funcionario público del acusado. Además, considera que no puede equipararse una relación sexual consentida con una tortura, y que no hay indicios de que las relaciones tuvieran un carácter discriminatorio o represivo.

La Sección 5 también rechaza la acusación de revelación de secretos, ya que no se ha podido demostrar que el policía hubiera accedido a información confidencial mientras dormían en sus casas. Los magistrados recuerdan que la existencia de un delito no se determina únicamente por la producción de un resultado dañoso, y que el hecho de ser agente de policía no implica una condena más fácil o menos rigurosa.

La entidad de derechos humanos Irídia, que ejerce una de las acusaciones, ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo. Irídia afirma que el agente estuvo infiltrado en el grupo entre mayo de 2020 y octubre de 2022, y utilizó las relaciones sexoafectivas como mecanismo para ganarse la confianza de los movimientos sociales. La organización considera que este comportamiento constituye una grave afectación a los derechos individuales y colectivos de las personas afectadas, y criminaliza los movimientos sociales y políticos.

En mi opinión, la decisión de la Audiencia de Barcelona es preocupante, ya que parece minimizar la gravedad de las acusaciones y restar importancia a las denuncias de las ocho mujeres. La posibilidad de que un agente de policía utilice su posición de poder para establecer relaciones sexuales coercitivas y obtener información confidencial es una cuestión muy seria que debe investigarse a fondo. El recurso de Irídia al Tribunal Supremo es, por lo tanto, una acción necesaria para garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos.