El informe presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa concluye que no existe evidencia de la participación del personal militar en la detención y desaparición de los estudiantes. El documento, elaborado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalla la actuación de las fuerzas armadas durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El informe señala que los efectivos de la Sedena presentes en la zona no interactuaron con los estudiantes desaparecidos, y que los militares en el C4 de Iguala solo recopilaban información para el procesamiento de las fuerzas armadas. Además, el documento afirma que los testimonios de los testigos de identidad reservada contra 20 militares no son consistentes y son contradictorios.
El presidente López Obrador también se refirió a las intervenciones telefónicas de la DEA, afirmando que no hay evidencia de la participación de personal militar en los hechos, sino solo diálogos entre miembros de Guerreros Unidos.
La organización criminal de Guerreros Unidos, según el informe, evitaba las acciones del Ejército y daba instrucciones de cambiar los pines cuando alguno de sus miembros era detenido por el personal militar. La PGR, la CNDH, y el GIEI han investigado y corroborado las acciones realizadas por el personal militar durante los hechos, sin encontrar ninguna acción en contra de la vida de los estudiantes desaparecidos.
Es importante mencionar que los testigos protegidos Juan Gildardo López Astudillo, Neto y Carla, integrantes de Guerreros Unidos, después de ocho declaraciones, finalmente recordaron que el personal militar participó en la detención y desaparición de los estudiantes, lo que evidencia que fueron seleccionados para dar sustento a la afirmación de la supuesta participación del personal militar.
En resumen, el informe presentado por el presidente López Obrador a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa concluye que no hay pruebas de la participación del personal militar en la detención y desaparición de los estudiantes. El documento detalla la actuación de las fuerzas armadas durante los hechos y afirma que los testimonios de los testigos de identidad reservada no son consistentes y son contradictorios. La PGR, la CNDH, y el GIEI han investigado y corroborado las acciones realizadas por el personal militar durante los hechos, sin encontrar ninguna acción en contra de la vida de los estudiantes desaparecidos.