Almería desestima supuesto fraude en tarjetas de combustible de automóviles municipales de Garrucha

La Audiencia Provincial de Almería ha ratificado el archivo de la causa contra la exalcaldesa socialista de Garrucha, María López, acusada de presuntos delitos de falsedad, malversación y contra la administración pública por un supuesto uso fraudulento de tarjetas de combustible municipales.

El auto, notificado el 3 de julio, recoge el informe de la Policía Judicial que señala la existencia de irregularidades administrativas, pero no de ilícitos penales. La investigación policial reveló una falta de control en los repostajes en las estaciones de servicio, donde en ocasiones se utilizaban tarjetas de repostaje para vehículos no correspondientes.

Además, se detectó el uso de vehículos particulares por miembros del Ayuntamiento para funciones relacionadas con sus labores en el consistorio. Sin embargo, no se encontraron pruebas que justificaran el uso de las tarjetas de repostaje para uso particular.

La ausencia de indicios claros llevó al tribunal a rechazar la continuidad de la investigación y evitar una posible pena de banquillo que vulnerara el derecho a la tutela judicial efectiva de la investigada.

El Ayuntamiento de Garrucha ha proporcionado información suficiente para esclarecer el caso, según el tribunal, lo que permitió al Ministerio Fiscal solicitar el sobreseimiento.

La justicia, según el PSOE de Garrucha, ha puesto las cosas en su sitio tras tres años de mentiras, denuncias y calumnias por parte del exconcejal tránsfuga Álvaro Ramos y la connivencia del alcalde Pedro Zamora y su partido.

La denuncia interpuesta por Ramos señalaba una serie de presuntas irregularidades en el uso de las tarjetas de combustible asociadas a vehículos municipales, como repostajes excesivos y facturación de carburantes para vehículos de motor incorrecto.

Sin embargo, la investigación judicial no pudo determinar la existencia de indicios delictivos, ya que las tarjetas de combustible se asignaban a vehículos y no a personas, lo que impedía su identificación.

El auto judicial, contra el que cabe recurso, reserva las posibles acciones al ámbito administrativo, donde se consideraría una falta en caso de serlo.