Cataluña en shock por la reapertura del caso de vacunación discriminatoria contra policías y guardias civiles El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC retoma la investigación de los retrasos injustificados en la inoculación contra el COVID-19 para estos cuerpos de seguridad, mientras la exconsellera de Salud Alba Vergés ya no está bajo su protección como aforada.
La causa, que había sido transferida al TSJC cuando Vergés era vicepresidenta del Parlament, ha vuelto al Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona ahora que ha perdido su condición de aforada. El juez instructor considera que hay indicios suficientes de presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.
La investigación se centra en la paralización de la vacunación a policías y guardias civiles, a pesar de que el plan de vacunación de la Generalitat había sido declarado discriminatorio en una sentencia previa. El exsecretario general de Salud, Marc Ramentol, ha señalado a Vergés, al exconseller de Salud, Josep Maria Argimon, y al exdirector del CatSalut, Adrià Comella, como parte de la decisión colegiada de detener la vacunación.
El instructor ha subrayado el marcado contraste en el ritmo de vacunación entre los cuerpos de seguridad nacionales y los de la Generalitat. Mientras que un gran porcentaje de los Mossos dEsquadra, policías locales, bomberos de la Generalitat y de Barcelona habían recibido la vacuna, solo una pequeña fracción de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña habían sido inoculados.
El juez instructor ha calificado la paralización de la vacunación como una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria adoptada por altos cargos del departamento de Salud contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. La justicia no descansa en su búsqueda de la verdad y la equidad en la lucha contra la pandemia