El Gobierno de Venezuela finalmente accede a los reclamos de los reclusos en medio de la huelga carcelaria que se extiende desde el domingo, según informan organizaciones no gubernamentales que calculan la participación de más de 50.000 privados de libertad en esta protesta.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios, recién bajo la dirección de Julio García Zerpa, difundió imágenes en redes sociales donde se le ve atendiendo a reclusos en los estados Lara y Carabobo, marcando el inicio de una supuesta atención a las denuncias de los privados de libertad y sus familiares.
La huelga, que el Ejecutivo se niega a llamar por su nombre, habría dado inicio el domingo y ha provocado manifestaciones de familiares de reos frente a tribunales en las últimas 48 horas. El ministerio habilitó un correo electrónico para la recepción directa de denuncias relacionadas con los sitios de reclusión.
Mientras tanto, las ONG Una Ventana a la Libertad y Observatorio Venezolano de Prisiones reportan la continuidad de la huelga y nuevas protestas de familiares de reclusos en diversas entidades del país. El Observatorio Venezolano de Prisiones también informa sobre gestiones gubernamentales en algunas penitenciarías, donde se revisan los expedientes de los presos para otorgar redenciones correspondientes.
Según las ONG, la huelga de hambre se extiende por 51 centros de reclusión en 17 de los 23 estados del país, así como en Caracas, la capital. Reclusos han solicitado la presencia de diputados, jueces, Ministerio Público y Defensa Pública para hacer efectiva la práctica del plan revolución judicial, que busca solucionar el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela.
En un documento enviado al OVP, reclusos exigen libertad inmediata para los privados de libertad con retardo procesal, así como para personas mayores de 70 años y aquellas en condiciones de salud que no puedan ser atendidas en los centros de reclusión.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha recomendado al nuevo ministro mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, garantizando acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias.