Exclusivo El senador paraguayo Basilio Bachi Núñez pone el foco en la supuesta laxitud de las autoridades en el combate contra el uso ilegal de energía para la minería de Bitcoin en el país. La Administración Nacional de Electricidad Ande se encuentra en el ojo del huracán, acusada de no haber detectado previamente las irregularidades en el consumo de energía, a pesar de las altas demandas de las granjas de minería.
El senador Núñez ha expresado su escepticismo sobre el aumento repentino del consumo de energía en ciertas ciudades, como Paraguarí, Villa Hayes y Ciudad del Este, durante el gobierno anterior. Ha pedido explicaciones al titular de la Ande, Félix Sosa, sobre la supuesta falta de voluntad política en el pasado para desmantelar las conexiones ilegales.
Desde 2019, la Ande ha llevado a cabo 67 intervenciones junto con el Ministerio Público, pero la mayoría de ellas se han producido desde el cambio de gobierno. Solo en la última intervención en La Colmena, se decomisaron más de 9.300 mineros de Bitcoin. El daño patrimonial causado por el robo de energía asciende a 2 millones de dólares al mes, lo que representa el 30% de la potencia nominal de la Central Hidroeléctrica Acaray.
Las sospechas de corrupción y la falta de control en el sector eléctrico están instaladas en la opinión pública. Nelson Cristaldo, ingeniero en energía eléctrica, ha denunciado la existencia de una complicidad entre el ente regulador y las autoridades judiciales. Por otro lado, hay quienes abogan por una regulación de la minería de Bitcoin para atraer inversiones y generar empleo, mientras que otros buscan prohibirla por completo.
Actualmente, hay unas 55 empresas mineras legalizadas en Paraguay, que compiten con el precio del suministro de energía exigido por Brasil. El gobierno de Peña parece estar apostando por la minería para aprovechar los saldos exportables de origen hidroeléctrico, en medio de una disputa por el excedente energético. La trama de la minería ilegal de Bitcoin en Paraguay no ha hecho más que comenzar