La Unión Europea baraja la posibilidad de desplegar una amplia misión de observadores en las inminentes elecciones presidenciales de Venezuela, previstas para el 28 de julio, y confía en que se den las condiciones mínimas de democracia para llevar a cabo esta acción. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, está a punto de tomar una decisión al respecto.
Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press muestran optimismo sobre el envío de una misión de observación electoral a Venezuela, ya que consideran que existen suficientes garantías de que el proceso será competitivo y que el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, podrá participar. González Urrutia cuenta con un gran respaldo entre la oposición, lo que le convierte en un fuerte contrincante para Nicolás Maduro, quien busca revalidar su cargo hasta 2030.
La UE está ultimando un acuerdo administrativo con las autoridades venezolanas sobre los detalles del despliegue de la misión. Borrell abordará el tema con los ministros de Exteriores del bloque en su reunión mensual en Bruselas el lunes, aunque no se espera oposición a la iniciativa, ya que se considera que puede facilitar la participación en las elecciones y prevenir excesos por parte de las autoridades venezolanas.
España está a la vanguardia de este movimiento, apoyando el despliegue como una forma de promover el reencuentro democrático entre venezolanos y abogando por una actitud pragmática por parte de la UE para facilitar el despliegue de observadores.
La disposición de la oposición a que la UE supervise el proceso electoral y su intención de participar en las elecciones, a pesar de las dificultades impuestas por Caracas, son cruciales para el envío de una misión. La UE envió una misión exploratoria de técnicos en abril para evaluar la situación en Venezuela y determinar si se dan las condiciones necesarias para enviar observadores a las elecciones presidenciales. Borrell tendrá la última palabra sobre la decisión de enviar observadores, una medida que ya adoptó para las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021, a pesar de las advertencias sobre los riesgos y el boicot del Partido Popular Europeo a la iniciativa.
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