Han transcurrido 31 años desde el lamentable asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993, y Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, afirma que el gobierno mexicano lo utilizó como un chivo expiatorio para culparlo del crimen del entonces arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, en Jalisco.
Desde su encierro en una prisión de máxima seguridad en medio de un desierto, sin esperanzas de volver a ver la luz del día, El Chapo ha escrito una carta, traducida y adaptada por su abogada, Mariel Colón Miró, dirigida al juez Brian Cogan, en la que solicita un nuevo juicio.
En la carta, Guzmán Loera relata que, en aquel trágico día, se dirigía a la playa y quedó atrapado en un tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara. Al bajar su equipaje del auto, escuchó disparos cerca de él y, al ver a hombres disparando al auto al lado de él, se dio a la fuga, dejando atrás sus pertenencias y su identificación, la cual, según él, el gobierno mexicano recogió para culparlo del asesinato.
El día siguiente al asesinato, el gobierno mexicano difundió la historia de Guzmán Loera como uno de los principales líderes del narcotráfico mexicano, y el cardenal habría muerto por disparos en un enfrentamiento entre sicarios de los Arellano Félix y El Chapo. Sin embargo, Guzmán Loera afirma que, un día antes, el gobierno mexicano no lo conocía, pero al día siguiente, todo cambió.
La abogada Colón incluso recordó que Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, aseguró que los gobiernos de México y Estados Unidos inflaron el perfil de El Chapo Guzmán. El gobierno estadounidense habría comenzado una campaña negativa en su contra, haciéndolo ver como un gran líder del narcotráfico, y lo habrían arrestado para no lucir mal ante el público.
Finalmente, Mariel Colón aseguró que el gobierno estadounidense fabricó un caso en contra de El Chapo Guzmán, que su extradición desde México fue ilegal y que las intervenciones de comunicaciones utilizadas en su contra durante el juicio fueron falsas.