El afamado diario venezolano, El Nacional, se enfrenta a una ardua batalla por seguir operando dentro del país, luego de que el gobierno prohibiera al periódico realizar cualquier tipo de trámite en el Registro Público. Miguel Henrique Otero, presidente y director del rotativo, denunció que se trata de una maniobra de acoso y hegemonía comunicacional, similar al modelo cubano, con el fin de sofocar a los medios independientes.
Otero reveló que las restricciones gubernamentales les impiden realizar operaciones bancarias, transferir bienes, firmar contratos y registrarlos, así como designar nuevos nombramientos. Estas acciones, según el director, tienen como objetivo entorpecer el funcionamiento del periódico y eventualmente forzar su cierre.
El periodista venezolano comparó la situación con la represión a la prensa en Cuba y subrayó que en Venezuela no existe prensa libre. Otero, quien ha estado exiliado en España desde 2015, señaló que los medios independientes en el país están totalmente paralizados y entorpecidos.
El Nacional, uno de los símbolos del periodismo venezolano, cesó su edición impresa en 2018 debido a la escasez de papel y a la grave crisis política, institucional y socioeconómica que vive el país. En abril de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia condenó al diario a pagar una indemnización de 13,3 millones de dólares al teniente Diosdado Cabello, número dos de la revolución, por daño moral.
Cabello presentó la demanda en 2015 por difamación, luego de que El Nacional reprodujera una noticia del diario ABC de España sobre una investigación en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. El proceso culminó con la ocupación de las instalaciones del periódico y la imposición de medidas cautelares contra Otero.
El abogado Juan Garantón, defensor de El Nacional, declaró al diario El Universal que el medio ha sido llevado al extremo, al prohibírsele registrar propiedades, vender acciones o inscribir documentos, lo que atenta contra el derecho a la propiedad privada y al comercio. Garantón criticó que la condena de 2021 fue dictada sin un juicio que demostrara difamación o injuria, y que las prohibiciones impuestas son una cadena innecesaria de sanciones que dificultan el funcionamiento del periódico.
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