Dos senadores de EE.UU. alarmados por sanciones legales a usos de bitcoin

La controversia sobre los auténticos servicios de transferencia de criptomonedas se intensifica, alarmando a dos senadores estadounidenses. La reciente interpretación de las normas por parte del Departamento de Justicia DOJ de los Estados Unidos ha echado una sombra de sospecha sobre los servicios de privacidad para la transferencia de bitcoin y otras criptomonedas, generando un clima de incertidumbre en la industria.

Este asunto ha saltado a la palestra como consecuencia del reciente arresto de los fundadores de Samourai Wallet a finales de abril, junto con otros proyectos que ofrecían servicios para ocultar el rastro de las transacciones de bitcoin. Los legisladores han mostrado su preocupación por el hecho de que el DOJ esté tratando a los desarrolladores de software como delincuentes por simplemente escribir y publicar código.

La senadora Cynthia Lummis y el senador Ron Wyden han enviado una carta al fiscal general Merrick Garland, en la que expresan su preocupación por la situación y la posibilidad de que se esté sentando un precedente peligroso que contradice la ley establecida y plantea cuestiones sobre la Primera Enmienda.

La polémica se ha visto avivada por el arresto de los fundadores de Samourai Wallet y otros proyectos similares, lo que ha llevado a los legisladores a cuestionar al DOJ por su enfoque hacia los desarrolladores de software. Los senadores han argumentado que se necesitan definiciones más claras para evitar que ciertos proveedores de servicios sean clasificados incorrectamente.

Esta medida, según los senadores, sofocaría la innovación y socavaría la confianza en el Departamento de Justicia, que debería ser garante del Estado de derecho. La tecnología blockchain sigue evolucionando y enfrentándose a desafíos, y este último caso ha provocado un debate jurídico sobre si los servicios de privacidad para la transferencia de criptomonedas deberían considerarse transmisores de dinero según la Ley de Secreto Bancario.

En resumen, la comunidad de criptomonedas está en vilo por la interpretación sin precedentes que está haciendo el DOJ de la ley, lo que ha llevado a dos senadores a pedir al fiscal general que intervenga para establecer reglas claras y garantizar la innovación y el respeto a la ley en la industria de las criptomonedas.