Venezuela, bajo escrutinio global por garantías en el derecho de defensa

La injusticia en Venezuela alcanza niveles alarmantes mientras el derecho a la defensa privada es pisoteado sin cesar El Gobierno ha restringido de manera alarmante las opciones legales disponibles para los detenidos, afectando no solo a los acusados de delitos políticos, sino también a la población en general. Esta acción asesta un duro golpe a la base de un sistema judicial justo y transparente, generando preocupación entre abogados, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional.

Martin Luther King Jr. una vez dijo: La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Y en Venezuela, esto resuena con una triste verdad, ya que el sistema judicial se ha convertido en un reflejo de la opresión política y desigualdad, en lugar de ser un baluarte de equidad.

El socialismo del siglo XXI ha permitido que el sistema judicial sea secuestrado por intereses gubernamentales, creando una justicia parcial y sesgada. Los acusados, especialmente aquellos acusados de delitos políticos como traición a la patria, se enfrentan a un Estado hostil y a una defensa legal ineficaz. Han logrado convertir la justicia en una grotesca farsa de injusticia

La clave de esta crisis es la violación flagrante del derecho a elegir una defensa propia, garantizado por el Código Orgánico Procesal Penal COPP de Venezuela y tratados internacionales. Los detenidos son asignados a defensores públicos que frecuentemente no cumplen con sus deberes más básicos, lo que convierte el proceso judicial en una mera farsa sin esperanza de justicia real.

Esta situación afecta a todos los detenidos, no solo a los acusados de casos políticos. La justicia venezolana, en lugar de proteger a los ciudadanos y garantizar un debido proceso, se ha convertido en una herramienta de represión y control. Un sistema judicial que niega el derecho a una defensa privada es un sistema que falla en proteger a sus ciudadanos

Mediante entrevistas con abogados reconocidos que luchan contra estos desafíos diariamente, El Nacional explora el colapso de un sistema judicial que no solo falla en proteger, sino que impide activamente el ejercicio de uno de los derechos más básicos en cualquier sociedad democrática. La justicia venezolana necesita nuestra atención y acción inmediatas