Desde la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en junio de 2016, los cuerpos de seguridad como la Policía Federal Ministerial, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se han convertido en el eslabón débil de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República FGR. Su forma de actuar ha llevado al hundimiento de importantes casos contra jefes y operadores de diversos cárteles de narcotráfico.
El Informe Policial Homologado es fundamental para emprender una acción legal contra una persona acusada de un delito. Sin embargo, las versiones contenidas en los informes que se entregan a las fiscalías a menudo resultan increíbles o falsas, lo que lleva a jueces a calificar las detenciones como ilegales y, en consecuencia, a ordenar la liberación de los detenidos.
Esta situación ha llevado a la liberación de líderes de cárteles de narcotráfico como los de Jalisco Nueva Generación CJNG, el Golfo y Sinaloa. Incluso, el hermano del líder del CJNG, Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, fue liberado recientemente en abril de este año después de que un juez de control cuestionara la versión de la Guardia Nacional sobre su detención y encontrara falta de una orden judicial.
Otro caso reciente es el de José Alberto García Vilano, La Kena, presunto líder de Los Ciclones, una facción del Cártel del Golfo, quien fue liberado a principios de este año debido a la falta de pruebas presentadas por la FGR. Aunque no pudo salir de prisión debido a una orden de captura en su contra en el fuero común.
La falta de pruebas y la falta de rigor en la presentación de los informes policiales han llevado a la liberación de varios líderes de cárteles de narcotráfico en los últimos años, lo que representa un gran desafío para las autoridades mexicanas en su lucha contra el crimen organizado.