
La Provincia de Buenos Aires ha sido sentenciada a indemnizar con una cantidad millonaria a la viuda y a los hijos de Elio Edgardo Constantino Cajal, un recluso asesinado en la Unidad Penal N°44 de Batán el 16 de enero de 2016. El Juzgado en lo Contencioso N°1 ha dispuesto el pago de siete millones de pesos para la esposa y tres millones y medio de pesos para cada uno de los dos hijos de Cajal.
El fallo, que aún no es definitivo y se encuentra en apelación, reconoce la existencia de deficiencias en el servicio penitenciario que contribuyeron al trágico suceso. En su demanda, Natalia Rivera, viuda de Cajal, argumentó que la Provincia no cumplió con su obligación de garantizar la seguridad de su esposo.
La disputa que desencadenó el asesinato de Cajal comenzó por un simple corte de pelo y escaló hasta convertirse en una pelea entre Cajal y Emanuel Tonzo, y el líder del pabellón, Víctor Fernández Ale. El conflicto terminó en una trágica confrontación cuando Cajal se enzarzó en una pelea con Fernández Ale, quien lo acorraló y lo apuñaló en distintas partes del cuerpo. A pesar de los intentos de la víctima por defenderse, murió poco después en el Hospital Interzonal General de Agudos.
En su fallo, el juez Simón Isacch destacó que, aunque las lesiones mortales ocurrieron en una pelea entre internos, el Estado debería haber evitado el desenlace fatal si hubiera garantizado condiciones de seguridad adecuadas. Sin embargo, la sentencia aún puede ser apelada y no ha entrado en vigor.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las cárceles y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales del Estado para salvaguardar la vida e integridad de todas las personas, incluidos los reclusos.,