
El Senado mexicano aprobó en primera instancia la nueva Ley de la Guardia Nacional, la cual estipula que esta corporación sea una fuerza de seguridad pública permanente compuesta por personal militar con formación policial. La ley incluye cambios en la jerarquía, organización, disciplina y ascensos dentro de la Guardia Nacional, así como su plena inclusión en el sistema educativo y de seguridad social militar.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la Guardia Nacional no forma parte del Ejército y tiene su propia identidad. Por otro lado, la senadora Lucía Trasviña instó a aprobar una nueva ley para regular las funciones de la Guardia Nacional y mejorar la coordinación entre los organismos federales y estatales.
La oposición, compuesta por los partidos Acción Nacional PAN, Revolución Institucional PRI y Movimiento Ciudadano, se opuso a la reforma al considerarla una militarización del país que otorga facultades excesivas a las fuerzas armadas en detrimento de los derechos ciudadanos. El vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas, reconoció el papel de las fuerzas armadas, pero consideró que la Guardia Nacional necesita el apoyo de las policías estatales y municipales.
El senador del PRI, Néstor Camarillo, criticó al gobierno de Morena por no haber cumplido su promesa de pacificar el país, afirmando que las cifras de homicidios y desapariciones son alarmantes. La priista Karla Toledo cuestionó la constitucionalidad de la ley, especialmente en lo que se refiere a las licencias especiales para los miembros de la Guardia Nacional que deseen postularse para cargos de elección popular.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, abogó por devolver a las fuerzas armadas a sus tareas originales y fortalecer las instituciones civiles, mientras que la senadora morenista Lucía Trasviña desafió a la oposición a unirse y crear una fuerza de guardia civil.
Con la nueva ley, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá la responsabilidad de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a la Guardia Nacional y a los elementos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como de implementar las políticas, programas y acciones que deriven de ésta. Además, la Comandancia tendrá la facultad de proponer el informe anual de las actividades de la Guardia Nacional, nombrar a las personas titulares de las Coordinaciones Territoriales, Estatales y de Unidades Circunstanciales, y autorizar la subscripción de los convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios respecto a la participación de la Guardia Nacional.,