Residencia de ancianos en Belgrano: sentencia por decesos de 10 residentes por covid-19 outbreak

El lunes se revela el veredicto en el caso del hogar de ancianos Apart Los Incas en el barrio de Belgrano en Buenos Aires, donde 10 residentes perdieron la vida a causa de un brote de covid-19 a mediados de abril de 2020. La tragedia ocurrió cuando la pandemia de coronavirus comenzaba a propagarse en el país y el señor Sergio Federovisky denunció una situación de abandono total en el geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola.

La denuncia de Federovisky indicó que durante un fin de semana no hubo personal médico, directivo ni calificado en el geriátrico, sólo un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero quedaron a cargo de más de una docena de residentes. Esta situación desafortunada llevó a una propagación masiva del virus y a la evacuación del geriátrico el 21 de abril de 2020. Desafortunadamente, las medidas llegaron tarde y 10 de las 19 personas que vivían en el geriátrico perdieron la vida a causa del brote de covid-19.

El juicio comenzó el 19 de mayo de 2023 en el juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Seis individuos están imputados en el caso, cuatro de ellos son los dueños del lugar, quienes fueron considerados responsables de la administración del geriátrico. Se trata de dos matrimonios: Hugo Visca y Daniela Alejandra Gonzalo, y Luis Daniel Megyes y Alicia Haydee Allegue. Las otras dos imputadas son la directora médica del geriátrico Carla Raffo y la ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Paula Trunzo.

Las parejas propietarias y la directora médica están acusados de homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias. Trunzo, quien era la persona a cargo de fiscalizar geriátricos como funcionaria del Gobierno de la Ciudad, está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Durante el debate, se presentó evidencia de irregularidades previas a la pandemia, incluyendo historias clínicas sin actualizar, residentes sin control médico y empleados presionados para trabajar a pesar de tener síntomas compatibles con Covid.

La fiscalía y las querellas han solicitado diferentes penas para los imputados, incluyendo entre tres y ocho años de prisión para Megyes, entre tres y seis años de cárcel para Visca y Raffo, y tres años de cárcel para Gonzalo y Allegue. En todos los casos, se solicitaron las inhabilitaciones correspondientes. Para la exfuncionaria porteña Paula Trunzo, se ha solicitado su absolución, ya que la legislación vigente en ese momento no la habilitaba a tomar más acción de la que ya había tomado, según el abogado Ignacio Trimarco, quien representa a varios familiares de las víctimas.

Trimarco ha calificado este caso como una bisagra, señalando que a partir de este hecho se han modificado las leyes y protocolos de inspecciones en los geriátricos, que antes eran muy laxos, y se han endurecido los controles y las penas para quienes no cumplan. Por otro lado, las defensas de todos los acusados han solicitado la absolución de sus clientes, alegando una situación de fuerza mayor debido a la pandemia global.,