ONU alerta sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela

Una manifestante en Madrid exige libertad para Venezuela y el fin de las violaciones de derechos políticos y humanitarios en ese país, mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OHCHR evalúa la situación allí en un nuevo informe. El informe, fechado el 26 de junio de 2025, cubre el período desde mayo de 2024 hasta abril de 2025 y se presentará al Consejo de Derechos Humanos entre junio y julio de 2025.

La OHCHR basó sus hallazgos en investigaciones de diversas fuentes, incluyendo víctimas y organizaciones civiles, a pesar de la limitada presencia de la organización en Venezuela. La población venezolana continúa enfrentando desafíos significativos en derechos económicos, sociales y culturales, debido a la alta inflación y las sanciones sectoriales. El acceso a servicios esenciales como salud, alimentos y educación se ve afectado por la falta de información financiera pública y la reducción del financiamiento humanitario. Además, cortes de energía y escasez de agua son frecuentes y afectan desproporcionadamente a los más vulnerables.

Las personas en Venezuela también experimentan una crisis social profunda, con una fuerte escasez de medicamentos y equipos esenciales en hospitales públicos. La falta de financiación y la legislación restrictiva han limitado el acceso a la salud sexual y reproductiva, mientras que los pueblos indígenas enfrentan desafíos de salud como malaria y tuberculosis, sumado a la escasez de medicinas y transporte. La situación ambiental también es preocupante, con el último glaciar de Venezuela desaparecido y la opacidad gubernamental en relación a amenazas a defensores ambientales.

Además, la representación política y judicial es preocupante, con la represión de protestas poselectorales, la criminalización y la detención arbitraria de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo adolescentes en tribunales especiales. Se han reportado detenciones arbitrarias y tortura, violando el debido proceso, y las mujeres y personas LGBTQ enfrentan discriminación en prisiones. El espacio cívico se ha restringido con la Ley de ONG y la aplicación de legislación antiterrorista contra disidentes.

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha pedido al Estado que ponga fin al uso del aislamiento y la detención en incomunicación contra opositores detenidos, y advierte sobre la falta de protección judicial efectiva en el país. El Alto Comisionado insta a las autoridades a restaurar la confianza, garantizar el espacio cívico y liberar a los detenidos arbitrariamente. También recomienda investigar desapariciones y torturas, asegurar la independencia judicial, proteger el debido proceso y garantizar la reparación a las víctimas. Además, pide a la comunidad internacional revisar y levantar las sanciones sectoriales y contribuir con financiación humanitaria.,