Inseguridad rampante: refugio de pago en seguridad privada

En una nación donde la violencia se ha tornado parte de la rutina, la seguridad ya no es un derecho fundamental sino un lujo al que solo unos pocos pueden acceder. Mientras los índices de homicidios, extorsiones y robos siguen en aumento, miles de ciudadanos viven bajo la sombra del temor. Paralelamente, la industria de la seguridad privada se ha convertido en un negocio multimillonario, ofreciendo protección a aquellos que pueden permitírsela.

En un artículo anterior, MILENIO explicó cómo la violencia se ha convertido en un tema omnipresente en los medios de comunicación y redes sociales, generando beneficios para las plataformas que han encontrado en el miedo una nueva forma de mercantilización. Sin embargo, la inseguridad no solo impacta la vida diaria de millones de personas, sino que también da vida a una economía paralela: la industria de la seguridad privada.

La industria de la seguridad privada en México no es un fenómeno nuevo, sino que tiene sus orígenes en la década de los setenta, cuando apenas existían unas cuarenta empresas en todo el país. No fue hasta después de la crisis económica de 1994 que el número de compañías comenzó a aumentar significativamente, debido a la percepción de un incremento en los niveles de delincuencia.

La privatización de la seguridad pública también está relacionada con el temor a ser víctima de un delito y la desconfianza hacia las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública. Cuando la policía pública no puede atender la demanda de seguridad del sector privado, este recurre a la autofinanciación para proveerse de seguridad.

Según Teodoro Antonio Serralde Medina, abogado litigante y representante legal de reguladores de seguridad privada, en 2020, la entidad con el mayor porcentaje de empresas de seguridad privada era la Ciudad de México, seguida del Estado de México.

Los principales usuarios de la seguridad privada en México son empresarios, políticos, figuras públicas, comerciantes, propietarios de negocios y familias de clase media alta, ya que cuentan con los recursos económicos para acceder a estos servicios. Sin embargo, contar con seguridad privada también puede ser visto como un símbolo de estatus y poder.

Sin embargo, la seguridad privada no es una opción barata. Un guardaespaldas armado puede costar entre 25 mil y 80 mil pesos mensuales, mientras que los paquetes de blindaje de autos pueden llegar a costar hasta dos millones de pesos. Los sistemas de videovigilancia suelen ser más accesibles, con cámaras disponibles en Amazon desde los 529 pesos mexicanos.

Sin embargo, la seguridad privada también puede generar tensiones y profundizar la brecha entre quienes pueden acceder a ella y quienes no. Esto puede llevar a la creación de zonas de seguridad segmentada, donde la protección no es un derecho sino un privilegio, y donde la violencia no desaparece, solo se traslada al punto más vulnerable.,