
A partir de hoy, entrará en vigor la Ley N°21.717 en Chile, la cual regula los procedimientos de funeral en situaciones de alto riesgo con el fin de salvaguardar la seguridad pública. Esta normativa se implementa en respuesta a los funerales que han degenerado en actos violentos o que ensalzan la comisión de delitos.
La ley establece que cuando se determine que un funeral representa un peligro para la seguridad y el orden público, la autoridad correspondiente dispondrá medidas rápidas para prevenir altercados y garantizar la tranquilidad ciudadana. El proceso funerario deberá llevarse a cabo en un cementerio o crematorio autorizado dentro de las primeras 24 horas siguientes al fallecimiento.
La labor de Carabineros será crucial para asegurar el cumplimiento de la ley, controlar el ingreso de asistentes al evento y supervisar el trayecto del cortejo fúnebre. Aquellos individuos que se encuentren bajo los efectos del alcohol o las drogas podrán ser impedidos de participar en el funeral. El delegado presidencial evaluará cada caso y determinará el despliegue policial y las acciones a tomar.
Las consecuencias por incumplir esta normativa serán graves. Las sanciones incluyen penas de presidio menor en su grado medio entre 541 días y 3 años y un día y multas que van desde las 10 a las 20 UTM. Además, quienes cometan delitos durante el funeral serán castigados con penas más severas, excluyendo las sanciones de grado mínimo y aplicando multas y cárcel más altas.
La importancia de esta ley radica en su capacidad para prevenir la alteración del orden público y garantizar la seguridad en los funerales. Desde 2019, Carabineros ha llevado a cabo más de 2.400 funerales de alto riesgo, con miles de controles y detenciones. La nueva ley busca asegurar que estos eventos no deriven en actos violentos y se desarrollen de manera controlada y segura.
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