
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial encargado de los delitos contra la libertad de expresión, y Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal de derechos humanos, ambos pertenecientes a la Fiscalía General de la República FGR, lograron justificar la anulación de la prisión domiciliaria otorgada a Mario Marín, ex gobernador de Puebla. Lo consideraron necesario ya que suponía un peligro tanto para la víctima como para el proceso en caso de que estuviera en libertad. La fiscal Sara Herrerías subrayó que convencer al tribunal de revocar dicha resolución fue de gran importancia para ellos.
Marín regresó al penal del Altiplano en el Estado de México después de haber cumplido prisión domiciliaria en Puebla. Es recordado por el uso indebido de poder y la represión a la periodista Lydia Cacho en 2,
