Autoridades de Córdoba unen esfuerzos para combatir viviendas ilegales

Autoridades y profesionales relacionados con el medio ambiente, la ordenación del territorio y la urbanismo en Córdoba se reunieron en una sesión técnica de coordinación para abordar el tema de las viviendas ilegales. La reunión, encabezada por el fiscal jefe Fernando Sobrón y la fiscal delegada de Medio Ambiente, María Eugenia Bautista, tuvo lugar en el Palacio de Justicia y contó con la participación de representantes de la Inspección de Urbanismo de la Junta de Andalucía, policías locales, y técnicos de la Diputación que prestan servicios de urbanismo y ordenación del territorio en pequeños municipios.

La Fiscalía ha mostrado su preocupación por la proliferación de edificaciones irregulares y el resurgimiento del fenómeno parcelario en suelo no urbanizable, así como la instalación de viviendas prefabricadas en terrenos rústicos. La Ley 721, de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía ha reforzado las funciones de la Inspección y creado un cuerpo de subinspectores urbanísticos, por lo que la coordinación y conocimiento de sus funciones es especialmente oportuna.

La fiscal María Eugenia Bautista destacó la importancia de mejorar la gestión en la ordenación del territorio y facilitar el conocimiento mutuo de las funciones de los diferentes organismos implicados. Además, señaló que se trabajará en la erradicación de conductas que ponen en peligro el equilibrio de las ciudades y el bienestar de sus habitantes, fomentando una cultura de respeto hacia el urbanismo planificado y la ley.

La fiscal también subrayó la necesidad de tener en cuenta que parte del territorio se encuentra calificado como de peligro extremo de incendio o bien es inundable, lo que requiere una especial atención para evitar riesgos o reducirlos en lo posible. El Tribunal Supremo recoge que en el urbanismo se encierra el equilibrio de las ciudades y de los núcleos de población en general, incorporando el equilibrio físico y psíquico de las personas que en ellos viven. Por lo tanto, es esencial que los poderes públicos actúen de manera decisiva para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección del medio ambiente y los ciudadanos.,