Hoy es un día importante para Gael, quien se dedica a cobrar el derecho de piso a tiendas que venden ilegalmente vapeadores en Tepito. Asegura que su trabajo está en riesgo debido a la posible prohibición constitucional de los vapeadores y cigarros electrónicos, impulsada por el expresidente López Obrador.
Gael se encarga de asegurarse de que su motocicleta y teléfono estén cargados, y que su libreta y arma estén listas para el día de cobranza. Su ruta incluye 14 tiendas en un pequeño polígono del Barrio Bravio, donde se encuentran la mayoría de los vapeadores de contrabando que provienen de Asia.
La venta de vapeadores en México se encuentra en una laguna jurídica, ya que fueron prohibidos en 2020, pero un año después la prohibición fue declarada parcialmente inconstitucional por la Suprema Corte. Si se aprueba su veto a nivel constitucional, se enterraría la mayor esperanza de su regulación.
Gael trabaja para un grupo criminal que viaja a China varias veces al año para adquirir productos de origen asiático que traen ilegalmente a México y por los cuales no pagan impuestos. Su objetivo es asegurarse de que las tiendas le paguen a tiempo y sin problemas.
La mochila de Gael espera recibir un cuarto de millón de pesos al final del día, dependiendo del tamaño del comercio. Los vendedores de vapes ganan más que varios puntos de venta de drogas, ya que no hay riesgo de ser detenidos por la policía.
Gael se jacta de ser parte del oro del barrio y de que su grupo es el que trae los vapes a México. Sin embargo, si el gobierno desoye a organizaciones civiles y decreta el veto, se extinguirá la posibilidad de ponerlos en orden y crear empleos formales en una industria pujante.
La industria de los cigarrillos electrónicos tiene un valor global proyectado de 26 mil millones de dólares para este 2024. En México, debido a las restricciones, es imposible saber cuánto vale este mercado, lo que nos ayudaría a saber cuántos impuestos se podrían cobrar para aliviar la carga de enfermedades respiratorias en hospitales públicos.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, la prevalencia de uso de cigarro electrónico en población adolescente fue de unos 500 mil usuarios, con 200 mil mujeres y 300 mil hombres. Eso es casi la población de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Y esa cifra sólo representa a los jóvenes que admitieron vapear sin tener 18 años.
El comercio ilícito de cigarros representaba 9 por ciento en la industria del tabaco en 2017. Ahora, con el empuje de los vapeadores de contrabando, ese porcentaje creció a 18 por ciento en promedio nacional. En ciudades afectadas por el crimen organizado, ese fenómeno se disparó en los últimos siete años.
En Sinaloa y Jalisco, el ejército mexicano ha realizado operativos contra laboratorios clandestinos del crimen organizado, donde han encontrado aceite de cannabidiol para rellenar vapeadores de segunda mano y vapeadores de origen chino. Esto demuestra que la venta de vapeadores ilegales es una actividad cada vez más común en México.,