Esquivel Mendoza promueve elección popular de jueces para fortalecer legitimidad

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, se pronunció recientemente a favor de la elección de jueces mediante voto popular, argumentando que esto aumentaría la legitimidad y confianza en los juzgadores. Sin embargo, rechazó la idea de que la independencia judicial sea un motivo para cambiar el método de nombramiento.

Durante el Foro de Análisis de la Reforma al Poder Judicial, Esquivel destacó que la forma en que se nombre a los jueces no debería afectar la constitucionalidad de su protesta al asumir el cargo, ya que los mexicanos tienen derecho a un juez independiente, responsable, imparcial y prudente.

Mientras tanto, legisladores trabajan en más de cien modificaciones a la reforma al Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial de Puebla se manifestaron en la universidad Benito Juárez, exigiendo que se respeten sus derechos laborales.

La reforma propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, con un mandato de 12 años, tres años menos que el actual. Además, se eliminarían las dos salas en las que está dividida actualmente la Corte, y se realizarían sesiones plenarias públicas en su lugar.

También se propone que para aprobar sentencias se necesiten seis votos, y que los salarios de los ministros y jueces no puedan ser mayores a lo percibido por el presidente de la República. Además, se eliminaría la posibilidad de que obtengan una pensión vitalicia después de terminar su mandato.

La propuesta más polémica es que los representantes del Poder Judicial, incluyendo a los ministros, magistrados y jueces de distrito, sean elegidos por el pueblo. Estas elecciones se realizarían cada tres años, de manera simultánea con las elecciones federales.

Si la reforma es aprobada en septiembre, la primera elección se realizaría en el año 2025, y los actuales ministros, magistrados y jueces permanecerían en sus cargos hasta que asumieran sus sucesores.

La reforma también sugiere la creación de dos nuevos órganos reguladores, uno para administrar el sistema en su conjunto y un Tribunal de Disciplina Judicial, ambos encargados de supervisar a la Corte. Se establecerían plazos para resolver controversias y se sancionaría a aquellos que no cumplan con estos plazos.

Finalmente, la reforma exigiría a las entidades federativas que reformen su legislación local para garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía. El plazo para que los estados realicen estos cambios será de 180 días una vez que la reforma sea promulgada.