Riesgo para 10 comunidades indígenas por expansión de ex-guerrilleros de las Farc.

La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana para los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, ubicado en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, en Casanare. Esta zona es el hogar de diez comunidades indígenas, incluyendo a los sikuani, piapoco, sáliba, amorúa, maiben masiware, wamonae, waüpijiwi, yamalero, mayaleros, tsiripus y yaruros.

La Defensoría ha expresado su preocupación por la situación delicada que viven estos pueblos, ya que el Frente 28 José María Córdoba, perteneciente a las disidencias de las Farc, está forzando a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas sobre ciertos comportamientos de las comunidades. Si las autoridades étnicas no cumplen con estas demandas, el grupo rebelde puede imponer su propia justicia, lo que pone en riesgo la vida, la integridad y la libertad de todos los miembros de las comunidades.

Además de la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, el resguardo Caño Mochuelo también es susceptible de sufrir enfrentamientos armados, lo que podría tener consecuencias nefastas para la seguridad alimentaria y la atención humanitaria de las comunidades. La Defensoría del Pueblo ha pedido a la institucionalidad estatal que intervenga de manera urgente y articulada, teniendo en cuenta la tradición cultural nómada de las comunidades.

La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI ha instado al Ministerio del Interior a dar cumplimiento a las medidas de prevención y protección necesarias, y a activar los mecanismos de respuesta rápida frente a posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Es fundamental garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, respetar su jurisdicción especial y su autonomía, y salvaguardar su diversidad étnica y cultural.