La iniciativa tiene como objetivo principal eliminar las interrupciones en el calendario escolar debido a las huelgas de los sindicatos de educadores. En otras palabras, se pretende encontrar una solución que permita a los docentes ejercer su derecho a la protesta sin afectar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.
Es importante resaltar que las medidas de fuerza son una herramienta legítima en el ámbito laboral, pero su uso debe ser equilibrado y considerar el impacto que puedan tener en terceros, en este caso, los alumnos. La interrupción del calendario escolar puede generar consecuencias negativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en aquellos estudiantes que provienen de contextos vulnerables.
Es por ello que resulta relevante encontrar una salida que respete los derechos de todas las partes involucradas. Una opción podría ser la implementación de mecanismos de diálogo y negociación que permitan a los gremios educativos expresar sus demandas sin necesidad de recurrir a medidas tan drásticas como las huelgas.
En definitiva, el proyecto en cuestión busca garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, mientras se respetan los derechos laborales de los docentes. Se trata de un desafío complejo, pero necesario para construir un sistema educativo más justo y equitativo.