La validez de las elecciones presidenciales en Venezuela, que tuvieron lugar el domingo, sigue siendo cuestionada por diversas razones, entre ellas, el incumplimiento de las normas establecidas, la falta de datos oficiales, las dudas dentro y fuera del país, y las pruebas presentadas por la oposición que, según ellos, confirman la derrota de Nicolás Maduro. A pesar de que Maduro fue anunciado como el ganador, el Consejo Nacional Electoral CNE no ha publicado los resultados completos cuatro días después de las votaciones.
El CNE, conocido por su supuesto sistema electoral confiable, no ha emitido más información después del primer boletín y ha convocado y cancelado dos declaraciones públicas, lo que ha impedido la difusión de nuevos datos sobre las elecciones. La oposición, por su parte, ha publicado el 81% de las actas en una página web, lo que confirma, según ellos, que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones con 7,1 millones de votos.
El Centro Carter, que participó como observador, ha declarado que el proceso no se ajusta a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, lo que lo convierte en un proceso no democrático. A pesar de las protestas y los pedidos de transparencia, Maduro ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia TSJ para solicitar un recurso de amparo y aclarar los hechos de la jornada electoral.
Mientras tanto, el mandatario se mantiene en el palacio presidencial, donde ha denunciado un supuesto golpe de Estado en su contra, y ha ordenado extremar el patrullaje en respuesta a las protestas pacíficas. La Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y otros países han pedido la difusión total de los resultados y han defendido el derecho a manifestarse pacíficamente.
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